El escritor Mario Vargas Llosa, refiriéndose al proyecto de ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo y, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, ha señalado que el Perú sería el sexto país latinoamericano y el 61 en el mundo en reconocer legalmente el derecho de los homosexuales de vivir en pareja, constituyendo una institución civil equivalente al matrimonio.
De esa manera el Perú comenzará a desagraviar a muchos millones de peruanos que, a lo largo de su historia, por ser homosexuales fueron escarnecidos y vilipendiados hasta extremos indescriptibles, encarcelados, despojados de sus derechos más elementales, expulsados de sus trabajos, sometidos a discriminación y acoso en su vida profesional y privada y presentados como anormales y degenerados.
La Conferencia Episcopal Peruana, en un comunicado cavernario y de una crasa ignorancia, afirma que el homosexualismo “contraría el orden natural, atenta contra la dignidad humana y amenaza la sana orientación de los niños”. El cardenal Cipriani ha pedido que haya un referéndum nacional sobre la Unión Civil. Vargas Llosa pregunta ¿Por qué no pidió esa consulta popular cuando el régimen dictatorial de Fujimori, con el que fue tan comprensivo, hizo esterilizar manu militari y con pérfidas mentiras a millares de campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas a causa de esa criminal operación?
Intelectuales, periodistas, artistas, profesionales, dirigentes políticos y gremiales, ONG, instituciones y organizaciones católicas de base se pronuncian con meridiana claridad contra exabruptos homofóbicos como los de la Conferencia Episcopal Peruana y los de alguna de las sectas evangélicas que están en la misma línea ultra conservadora, y recuerdan que el Perú es constitucionalmente un país laico, donde todos tienen los mismos derechos, y que, entre los derechos que gozan los ciudadanos en una país democrático, figura la de optar libremente por su identidad sexual.
En ese sentido, gays, lesbianas y heterosexuales deben gozar de los mismos derechos y obligaciones, sin ser por ello perseguidos y discriminados. Creer que lo normal es ser heterosexual y que los homosexuales son “anormales” es una creencia prejuiciosa, desmentida por la ciencia y por el sentido común, y que sólo orienta la legislación discriminatoria en países atrasados e incultos, donde el fanatismo religioso y el machismo son fuente de atropellos y de la desgracia y sufrimiento de innumerables ciudadanos cuyo único delito es pertenecer a una minoría. La persecución al homosexual, que predican quienes difunden sandeces irracionales como la “anomalía” homosexual, es tan cruel e inhumana como la del racismo nazi o blanco que considera a judíos, negros o amarillos seres inferiores por ser distintos.
Será más fácil combatir el prejuicio y la ignorancia que sostienen la homofobia cuando el común de los ciudadanos vean que las parejas homosexuales que constituyan uniones civiles conformadas por el amor recíproco no alteran para nada la vida común y corriente de los otros, como ha ocurrido en todos los países que han autorizado las uniones civiles o los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Las apocalípticas profecías de que, si se permiten parejas homosexuales, la degeneración sexual cundirá por doquier ¿dónde ha ocurrido? Por el contrario, la libertad sexual, como la libertad política y la libertad cultural, garantiza esa paz que sólo resulta de la convivencia pacífica entre ideas, valores y costumbres diferentes.
Sacudida como está por los casos de pedofilia que la han afectado en casi todo el mundo, la Iglesia Católica debería comprenderlo mejor que nadie y actuar en consecuencia frente a este asunto, es decir, de manera más moderna y tolerante. La llegada al Vaticano del Papa Francisco comenzó con muy buenos síntomas, pues los primeros gestos, declaraciones e iniciativas del nuevo Pontífice parecían augurar reformas en el seno de la Iglesia que la integraran a la vida y la cultura de nuestro tiempo. Todavía no se han concretado, pero ho hay que descartarlo, pues todos recordamos su respuesta cuando fue interrogado sobre los gays: “¿Quién soy yo para juzgarlos?”
Pedro Salinas, el siempre polémico y ácido crítico de la Iglesia Católica, por su absurda posición sobre la unión civil en nuestro país, en su artículo titulado “Normal”, publicado recientemente en el diario “La República”, ha sostenido que para él es más normal que dos personas del mismo sexo se sientan atraídas que –por ejemplo- alguien aspire a vivir el celibato. Agregando que los decretos impracticables, como reprimir la libido, solo favorece la generación de patologías, o producen individuos infelices, o contribuyen al ahondamiento de la soledad de los religiosos.
Salinas señala que lo medular de este debate de la unión civil es que trata de instalar la igualdad para todos los peruanos, sin discriminaciones de ningún tipo y, que las parejas homosexuales, independientemente de nuestra percepción sobre ellas, tengan los mismos derechos patrimoniales, hereditarios, tributarios y de acceso a la salud pública. Por lo tanto, lo que se pretende es que se legisle bajo el principio de que el Estado peruano es fundamentalmente laico, por cuanto no somos un país musulmán ni se rige bajo las leyes absolutistas del Vaticano.
Lo que se debe buscar es la construcción de una nación más inclusiva, en la que los derechos que se le reconocen a los heterosexuales también se les reconozca a los gays. Si en el Perú existen minorías excluidas y estigmatizadas, el Estado debe actuar de forma especial para superar este tipo de situaciones, promoviendo políticas destinadas a dejar a atrás cualquier tara o anacronismo que arrastremos como sociedad. Porque en nuestro país, si algún despistado no se dio cuenta todavía, las parejas del mismo sexo se encuentran en una situación precaria y desigual, pues no tienen un marco normativo para el ejercicio de sus derechos, es decir, en la práctica son ciudadanos de segunda clase y sin protección legal.
Como dice un informe elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “La obligación de proteger a las personas de la discriminación por razón de la orientación sexual comprende que las parejas de hecho homosexuales sean tratadas de la misma manera y tengan derecho a las mismas prestaciones que las parejas heterosexuales”.
Señala Pedro Salinas que el Estado peruano no es confesional ni fundamentalista; tampoco totalitario, ni se guía por dogmas católicos; agregando que una cosa es la ética privada, que debemos respetar, y otra la ética pública, como explica un agudo informe del Ministerio de Justicia. Concluye Salinas: “La homofobia, si no nos hemos dado cuenta todavía, es un problema de salud pública, una lacra que hay que combatir; porque eso sí que no es algo normal”.
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