En la actualidad son pocos los países que aún mantienen el uso de la pena de muerte en el mundo; entre ellos, Estados Unidos, China y Japón, que la utilizan como mecanismo de castigo para los delitos más violentos. Pero además existen otros países que la utilizan de una forma mucho más discrecional, entre ellos, Yemen, Arabia Saudita, Irán y Egipto.
En las últimas semanas dos informaciones han avivado el debate sobre la utilización de esta medida. En Estados Unidos ocurrió la muerte “inhumana”, como la ha calificado el presidente Obama, cuando un preso sufrió durante 45 minutos dolor y convulsione, luego de que las inyecciones letales aparentemente no tuvieran el efecto esperado. Este hecho ocurrió en Oklahoma, donde agonizó el condenado Clayton Lockett, luego que le aplicaran una inyección con un nuevo fármaco. Por esta razón, Europa ya no vende a Estados Unidos el anestésico más común para las ejecuciones por razones éticas y por ello, los 32 estados que aplican la pena de muerte experimentan con nuevas sustancias.
Diversos estudios en Estados Unidos reconocen que este castigo es arbitrario, racialmente sesgado e irresoluble dada la alta presencia de afroamericanos como víctimas de este castigo, especialmente por crímenes donde las víctimas son blancos; por cuanto muchos casos se resuelven teniendo en cuenta solo evidencia parcial y en algunos casos contradictoria.
Desde 1976 en Estados Unidos, 144 personas fueron liberadas de la pena máxima por errores de procedimiento, aparición de nueva evidencia o testigos que se retractaron de sus declaraciones; por lo que el Estado estuvo a punto de ejecutar a más de una centena de ciudadanos.
En Egipto, la posible ejecución de más de medio millar de personas por un hecho vinculado con un problema político supera cualquier análisis legal. En ese sentido, algunos especialistas en Estados Unidos argumentan contra la pena de muerte incluso desde un punto de vista económico; por cuanto cada ejecución –por ejemplo- en el Estado de Carolina del Norte tiene un costo de más de dos millones de dólares.
La periodista Lucía Dammert señala que el Estado no debe ser verdugo de los ciudadanos, ni siquiera de aquellos que cometen delitos profundamente graves y violentos. Para ellos el castigo de una vida de encierro es suficiente y permite además mantener abiertas las posibilidades para la aparición de nueva evidencia en procesos muchas veces plagados de dudas e incertezas.
En otro juicio masivo contra supuestos islamistas, un tribunal egipcio condenó a muerte a 683 personas, incluido el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badia, un veterano de 70 años de edad. El mismo magistrado ordenó la ejecución de 529 personas en marzo pasado. Por otro lado, hasta el momento, más 15 mil partidarios del derrocado presidente Mohamed Mursi estén detenidos
En Estados Unidos y en Egipto la vergüenza es enorme para los que creen que la justicia es ojo por ojo porque como alguna vez dijo Ghandi “en ese camino lo único claro es que todos quedaremos ciegos”.
Raúl Tola (Justicia y prejuicios) cuenta el caso del ciudadano Glenn Ford, a quien condenaron a morir hace treinta años, habiendo esperado todo ese tiempo en el corredor de la muerte en la prisión de Angola (Luisiana) a que le aplicaran la inyección letal que acabaría con su vida. Afroamericano y nativo de California, en 1984 fue declarado culpable por el robo y asesinato de Isadore Rozeman, un relojero y joyero para el que alguna vez había hecho trabajos de carpintería; el cual pareció muerto de un balazo en su tienda. Ford durante todo el juicio sostuvo su inocencia.
El proceso estuvo plagado de vicios; el arma homicida nunca fue encontrada y tampoco hubo testigos oculares del hecho. La versión que sirvió de base para la acusación estaba obviamente influida por la relación sentimental de Marvella Brown con uno de los implicados en el asesinato. Inclusive durante el juicio la testigo admitió que había mentido en cuanto a la identidad del autor; pero nada de ello importó al tribunal –compuesto únicamente por ciudadanos blancos- que aprobó la pena de muerte para Glenn Ford.
Hace poco la fiscalía solicitó anular la condena, por cuanto Jake Robinson había reconocido haber disparado contra Rozeman, y las nuevas pruebas demostraban además que Ford no había estado en la joyería a la hora del delito. Cuando salió de la prisión de Luisiana, Glenn Ford era un hombre de 64 años, que parecía confundido por unas emociones enfrentadas; dijo sentirse muy bien por haber recuperado su libertad, pero añadió: “He estado encerrado casi 30 años por algo que no hice. No puedo retroceder y hacer aquello que debería haber hecho cuando tenía 35, 38 o 40 años. Mis hijos eran unos bebés cuando me fui, ahora son hombres adultos con hijos”.
En el Sistema estadounidense, los sentenciados injustamente tienen derecho a una indemnización de 25 mil dólares por año de cárcel, lo que podría llegar hasta 250 mil; a ello se le suman otros 80 mil dólares por “oportunidades perdidas de vida”. Pero ni siquiera todo el dinero del mundo conseguirá reparar el tiempo que este hombre inocente debió permanecer enhaulado, con el riesgo de una ejecución pendiendo sobre su nuca.
Casos patéticos como los de Glenn Ford reclaman a gritos que una medida irreversible como la pena de muerte sea abolida en un mundo donde la justicia y los prejuicios muchas veces se confunden.
El caso de Kobra Rahmanpour:
Se trata de una mujer iraní que esperó durante 12 años su ejecución, es decir, durante todo ese tiempo creció entre rejas, en el corredor de la muerte de una de las cárceles más sangrientas de Irán por haber –presuntamente- matado a su suegra. Hace apenas 11 meses que Kobra fue puesta en libertad, después de haber permanecido encerrada durante 12 años en la prisión de Evin. Actualmente vive en una casa de dos habitaciones, donde comparte dormitorio con su madre, su hermano mayor y un hermano pequeño con deficiencias mentales.
Duerme con dificultad, apenas come y es incapaz de expresar algún tipo de emoción mientras cuenta que las ejecuciones se producían en el patio de la cárcel frente a las presas que cometían delitos menores, como no llevar apropiadamente el hihab. Un guardia entraba en la celda y pronunciaba el nombre de aquella detenida que iba a morir. Las ejecuciones se realizaban con el alba y siempre sin avisar, lo que trajo como consecuencia protestas en la prisión, lo que obligó a cambiar la política penitenciaria, es decir, se comenzaron a anunciar los nombres de las que debían ser ejecutadas la noche anterior y así podían decir adiós a sus compañeras, rezar y llamar a sus familiares.
La historia de esta iraní de 32 años de edad nos lleva hasta 1999, cuando Kobra contrajo matrimonio con un hombre 40 años mayor que ella, pues la difícil situación económica de su familia la obligó a casarse cuando era apenas una adolescente. La joven descubrió que no era la única esposa y, tras varios meses de maltratos, solicitó el divorcio. En una de las discusiones intervino la madre de su marido, quien atacó a Kobra con un cuchillo de cocina.
A los pocos días, Kobra ingresó en la prisión de Evin, ubicada al norte de Teherán, el cual es un enorme complejo penitenciario descrito por los medios como “el infierno en la tierra”, ya que es conocido por el uso de la tortura y por el elevado número de ejecuciones que se llevan a cabo. Irán es el país que practica más ejecuciones per cápita en el mundo, pues según el Centro de Documentación sobre los Derechos Humanos de Irán, en el 2013 un total de 624 personas fueron ejecutadas. Estas ejecuciones se utilizan para castigar 131 delitos diferentes como la homosexualidad, el adulterio, el consumo de drogas, el asesinato, la violación, así como delitos en contra de la república islámica, ser enemigo de Dios o ser una amenaza para la seguridad nacional. El método más utilizado para acatar la sentencia es por ahorcamiento, normalmente a través de una grúa o también sobre una plataforma elevada, aun cuando continúan vigentes el fusilamiento y la lapidación.
Con el paso de los años el tribunal revolucionario que juzgó el caso de Kobra fue retrasando su ejecución, ya que desde los primeros años de su encierro, los activistas en el exilio que lideran las campañas contra la ejecución lucharon por liberar a Kobra de la horca. Mina Ahadi, la fundadora del Comité Internacional contra la Ejecución, fue la que ayudó a filtrar algunas cartas para poder publicarlas en los medios. Gracias a la presión internacional y a la ayuda de una antigua compañera de celda, la conocida directora de cine Thamineh Milani, Kobra salió de prisión en junio de 2013.
Según la ley islámica del ojo por ojo, la pena de muerte puede conmutarse si se recibe el perdón de la familia de la víctima; es por ello que Thamineh Milani pagó 78 mil dólares a la familia de su es marido, para que Kobra se librara de la pena capital, quien ahora trabaja en una mercería de su barrio, pues sus habilidades con la costura fueron su principal entretenimiento en la prisión.
En abril pasado, una ejecución fue suspendida en Irán cuando una mujer abofeteó al asesino de su hijo, cuando estaba a punto de ser ahorcado y luego le perdonó porque, según explicó, su hijo le pidió en un sueño que no se vengara. El asesino, Balal Abdullah, de 20 años de edad, tenía el lazo en el cuello, no dejaba de gritar y su muerte era cuestión de segundos, pero la madre de la víctima, en vez de empujar la silla que lo sostenía, lo abofeteó y lo perdonó. Luego el marido de ella le sacó la soga.
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