La Iglesia Católica desde su fundación –como señala Salomón Lerner Febres- su misión ha sido la de anunciar el Reino de Dios y promover la justicia y la solidaridad entre los seres humanos. No obstante, la historia de la Iglesia también ha afrontado situaciones críticas de significativa gravedad. Las numerosas denuncias sobre casos de abuso sexual a menores de edad perpetrados por miembros de la Iglesia ponen de manifiesto un signo inequívoco de crisis.
El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado públicamente sobre el tema; refiriendo que la Santa Sede no ha tomado las medidas suficientes para asegurar la sanción efectiva de los responsables de abuso sexual infantil y para proteger a los niños en situación de riesgo.
El Vaticano ha creado una Comisión para investigar estos casos; sin embargo el informe de las ONU insta a la Santa Sede a realizar esta investigación de manera independiente, y coordinando sus acciones con instituciones de la sociedad civil y con organizaciones de víctimas. La ONU demanda asimismo que los resultados se hagan públicos y que los responsables sean entregados a las autoridades para que así respondan ante la justicia ordinaria por sus acciones.
La ONU solicita además que el Vaticano dé a conocer a las instancias correspondientes la información que dispone sobre estos hechos y combata frontalmente las políticas de silencio y encubrimiento que han imperado en el pasado en estos casos. La Organización de las Naciones Unidas plantea –además- que se establezcan mecanismos estrictos de prevención del delito y que se repare a las víctimas.
Desde el propio Evangelio se establece el compromiso no negociable del cristianismo con la integridad de los niños. Los evangelios señalan las muy duras palabras con las que Cristo condena a quienes dañan a los pequeños. En ese sentido, el pontificado de Francisco ha tomado decisiones específicas para sancionar los casos de pedofilia observando las leyes.
El periodista Pedro Salinas (El patrono de los pederastas) ha señala que el caso del pedófilo mexicano Marcial Maciel no ha sido el único caso encubierto bajo el papado de “san” Juan Pablo II. Sin embargo, hay quienes, enceguecidos por su fe y sus ansias de creer, prefieren quedarse con la idea de que, en realidad, el santo polaco “no estaba bien informado”. Las denuncias contra Maciel llegaron al Vaticano en diferentes momentos, efectuándose la primera en 1944, luego en 1948, 1954, 1956, 1962, 1976, 1978, 1979, 1989 y 1998.
Hay por lo menos cuatro legajos que arribaron a la Santa Sede cuando Karol Wojtyla ya era pontífice; siendo la más contundente, la que exhibía más pruebas acumuladas la de 1998, la que justamente fue archivada rápidamente por órdenes explícitas de Juan Pablo II. Independientemente del caso Maciel, están los informes e investigaciones que elaboró en los ochentas el sacerdote norteamericano Thomas P. Doyle, a los cuales no se les hizo ningún caso. También tenemos los sonadísimos escándalos que desenterró el periodista Walter V. Robinson, en enero de 2002, sobre los abusos sexuales en la arquidiócesis del cardenal Bernard Law, quien fue luego rescatado por el mismísimo Juan Pablo II.
Bernard Law, acusado de encubrir a unos 250 curas pederastas entre 1984 y 2002, y a punto de recibir la citación judicial para responder ante los tribunales estadounidenses, fue trasladado de súbito a la sede vaticana, donde luego fue nombrado por el santo polaco como arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, donde reside hasta el día de hoy. Los encubrimientos de Law afectarían aproximadamente a por lo menos cinco mil casos de abusos.
Como dijo el periodista Jason Barry en el epílogo del libro titulado “El Legionario de Cristo: abuso de poder y escándalos sexuales bajo el papado de Juan Pablo II”: “Marcial Maciel Degollado es el símbolo más representativo de una cultura eclesiástica corrompida por la hipocresía sexual”.
Silvano Tomasi, representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, dijo que la iglesia ha hecho “su propia limpieza” y que ha tomado resoluciones, las mismas que han reducido los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. Por otro lado, la jurista norteamericana Felice Gaer, relatora del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, pidió que se notifique el número exacto de sacerdotes suspendidos por casos de abuso sexual, habiendo respondido el Vaticano que fueron 844 curas destituidos en los últimos diez años por conductas delictivas perpetradas desde 1950 hasta finales de los ochentas.
El Comité de los Derechos del Niño ha expresado sin medias tintas que la Santa Sede no ha establecido mecanismos para vigilar el respeto hacia los niños por parte de personas e instituciones que están bajo la autoridad de la Iglesia, y que en el tratamiento de las denuncias de abuso sexual, el Vaticano ha puesto por delante la preservación de la reputación de la institución católica, así como la protección de los pederastas, por encima de los intereses de las víctimas, que se cuentan entre decenas de miles de niños en todo el mundo. La curia vaticana no ha reconocido la gravedad de los crímenes cometidos, ni ha adoptado las disposiciones necesarias para hacer frente a los casos de pederastia clerical, ni se han acordado protocolos para proteger a los menores.
Naciones Unidas recusa que todavía se mantenga la práctica de trasladar de parroquia en parroquia a los abusadores sexuales, con el propósito de encubrir sus perversiones criminales. Si realmente existe la intención de enfrentar el problema, la Iglesia debería dejar de encajarse golpes en el pecho, o de exhibir estadísticas que revelan poco o nada, y debería abocarse inmediatamente a implementar medidas eficaces para ponerle coto a este cáncer.
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