Mubarak cayó en el 2011 y al año siguiente se celebraron elecciones, que generaron la ilusión de una transición democrática exitosa. Sin embargo, el sueño se derrumbó un año más tarde. El nuevo mandatario, Mohamed Mursi, mandó al retiro al hasta entonces intocable mariscal Husein Tantaui, ex ministro de Defensa de Mubarak, y lo reemplazó por Abdelfatah Sisi, quien se encargó de avisarle que sus días como presidente habían terminado. Como se sabe, el 3 de julio pasado soldados y policías arrasaron con los campamentos de los islamistas en distintos sectores de El Cairo y, como consecuencia de ello ya son más de un millar de víctimas en este reguero de sangre desde que el gobierno interino se instaló en el poder.
La comunidad internacional ha reaccionado de modo desigual frente a esta matanza. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado una investigación independiente, imparcial, creíble y eficaz sobre la conducta de las fuerzas de seguridad porque el número de personas asesinadas o heridas apuntan a un uso excesivo y extremo de la fuerza hacia los manifestantes. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido menos condenatorio y solo ha instado a las partes implicadas a que cesen las hostilidades. La Unión Europea y Estados Unidos han demandado una negociación, pero fuera de Dinamarca, ningún otro país o bloque regional ha adoptado una decisión firme.
La matanza egipcia evidencia el fracaso del golpe de Estado contra el gobierno de Mohamed Mursi. Los militares tomaron el poder con la participación de los civiles, la mayoría de ellos antiislamistas y laicos y, como era de esperarse, con la anuencia de Occidente. El golpe contra el gobierno de Mursi, el primer presidente democráticamente elegido en la historia de Egipto, acabó con la primavera que alumbraron las manifestaciones en el 2011.
El golpe y la matanza de civiles señala que en Egipto y en otros países árabes, el problema no es el Islam, sino los militares y la falta de democracia y libertades. La fragilidad de las instituciones, la debilidad de las ofertas democráticas y la falta de cooperación de las fuerzas que derribaron a los gobiernos dictatoriales, está sumiendo en el caos a las naciones que clamaron libertad, una perspectiva que aprovecharon las fuerzas militares para ofrecer una alternativa de canje de orden por democracia.
Pero no solamente es violencia en las calles de las principales ciudades egipcias; también el país está sumido en una profunda crisis económica, mientras que los militares siguen teniendo un peso excesivo en la política y la economía. La pregunta que surge ¿Es posible pensar en la democracia como régimen político para países como Egipto? Es muy probable, pero en el largo plazo. De hecho las demandas que formuló la población durante la primavera árabe parecían más concentradas en las libertades y no en la implantación de un sistema democrático occidental.
Aquellos que creyeron ver en el ejército egipcio al garante de la democracia en dicho país deben estar hoy lamentándose, después de los cientos de muertos a manos de las fuerzas gubernamentales. Esta es la mejor expresión de su falta total de compromiso con las libertades, al recurrir a la represión extrema y al estado de emergencia para salvaguardar el orden.
Ni los Hermanos Musulmanes ni la oposición laica han sabido participar dentro de las reglas del juego democrático. La organización islámica cometió muchos errores luego de llegar al poder; por cuanto desoyó los pedidos de búsqueda de consenso y creyó que la legitimidad ganada en las urnas era suficiente para imponer su agenda. En consecuencia, se inició un amplio descontento con el gobierno de la Hermandad Musulmana por su incompetencia en el manejo de los asuntos públicos y, además, por su creciente vocación por controlar el Estado.
Ahora todo parece indicar que la cúpula militar quiere volver a someter a los Hermanos Musulmanes a la condición de una fuerza política marginalizada y clandestina. En consecuencia, la sociedad de los Hermanos Musulmanes se asoman a la clandestinidad más absoluta, perseguida por el gobierno, acosada en sus mezquitas, con sus líderes encerrados o desaparecidos, tildada formalmente por el gobierno de Egipto como el enemigo a derrotar.
Recientemente el primer ministro de Egipto reveló que ha propuesto la disolución legal de la mencionada hermandad. La clandestinidad es, sin embargo, el medio natural de dicha sociedad islámica, ya que así vivieron durante más de medio siglo, hasta que se reforzaron para llegar al poder. Ha sido Hazem Beblaui, primer ministro interino de Egipto, quien ha recomendado la disolución legal de la hermandad.
Señala el internacionalista Román Ortiz, que las Fuerzas Armadas egipcias y sus aliados políticos trataron de buscar una salida negociada al pulso con los Hermanos Musulmanes, ofreciéndoles garantías de que podrían continuar participando en política a cambio de que aceptasen la salida del poder del primer presidente islamista de Egipto, Mohamed Mursi. Sin embargo, una vez que los intentos de alcanzar un compromiso fracasaron, la confrontación se hizo inevitable. Entonces la policía y el Ejército recurrieron a las armas de fuego y provocaron centenares de muertos.
En ese sentido, el autoritarismo de Mubarak nunca llegó a la represión que emprendieron Gadafi o Al Assad. Además, el régimen se embarcó en una apertura que, si bien ha quedado trunca, permitió movilizaciones populares y elecciones democráticas. Con estos antecedentes, la mayoría de los ciudadanos parece determinada a avanzar hacia una sociedad abierta, lejos de modelos autocráticos laicos o religiosos.
La actual represión representa el comienzo de un período convulso y violento. Con seguridad, en poco tiempo el Ejército egipcio afirmará su control sobre las principales ciudades del país. Sin embargo, es igualmente inevitable que la intervención militar reivindique las posiciones extremas de los sectores salafistas que desconfiaban de cualquier forma de participación electoral y apostaban por el terrorismo. Bajo estas circunstancias, los partidarios de la violencia en nombre de Dios no deben tener problemas de reclutar una nueva generación de militantes decididos a sembrar el caos.
En ese sentido, el mayor beneficiado sería Al Qaeda, los mismos que cometieron la masacre del 11 de setiembre de 2001 y que tiene raíces egipcias. Su actual líder, Ayman al Zawahiri, es un médico de El Cairo que creó la estrategia de la organización a la sombra del protagonismo mediático del desaparecido Osama Bin Laden.
Cristianos perseguidos:
El 14 de agosto pasado se produjo el brutal desalojo de los campamentos islamistas en El Cairo, dejando centenares de muertes produciendo consternación en la comunidad internacional. Este hecho prendió la mecha de la violencia sectaria en el país, ya que desde ese entonces la minoría cristiana copta ha sido el blanco de ataques islamistas. Iglesias, monasterios, escuelas y tiendas de cristianos han sufrido las acometidas de barbudos furiosos por el respaldo de la jerarquía copta al derrocamiento de Mohamed Mursi. Los saqueos y los incendios se han producido contra 42 templos y decenas de comercios en el sur de Egipto, donde históricamente la convivencia entre musulmanes y cristianos ha sido más frágil.
Este drama que ha recrudecido las heridas sectarias en la tierra de los faraones es el desenlace de los mensajes lanzados durante semanas por los Hermanos Musulmanes y sus aliados salafistas, es decir, mensajes induciendo al ataque a iglesias y monasterios, así como el asesinato impune a fieles cristianos. Esta situación ha traído como consecuencia la suspensión de misas, sobre todo en las zonas rurales del país. Mientras tanto, la policía ha vuelto a renunciar a su tarea de proteger las propiedades y lugares de culto de los cristianos.
La violencia sectaria, recuerda Amnistía Internacional, es una mancha imborrable en el historial de los sucesivos gobiernos que no han tomado medidas para detener los ataques contra las minorías. Aunque la hermandad ha condenado públicamente los incidentes, sus militantes parecen sedientos de ajustar cuentas.
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