Recientemente la Universidad de Vanderbilt ha efectuado una encuesta para el Barómetro de las Américas, en la que se muestran que en algunos países latinoamericanos como Haití, Bolivia y Ecuador, el número de personas que dicen haber recibido un pedido de soborno en el último año ha superado el 40%. A estos tres países les siguen bastante de cerca México, Perú y Honduras, donde el porcentaje de personas que dicen que algún policía o empleado público les ha pedido un soborno es del 31%, 28% y 26%, respectivamente, según la encuesta hecha a 40 mil personas en 26 países.
Entre los países que se encuentran en el medio de la tabla de las víctimas de corrupción están Argentina, donde alrededor del 20% de las personas dice que les han pedido pagar soborno en los últimos doce meses, seguido por Colombia y Venezuela con el 16% y 15%, respectivamente. Entre los países que se encuentran por debajo del promedio regional de corrupción se encuentra Brasil, donde el 11% dice que les han pedido un soborno durante los últimos doce meses. El país más honesto de Latinoamérica es Chile, donde sólo el 6% de la gente dice que le han pedido un soborno.
Los países que han subido en el promedio regional de la corrupción son Ecuador, Bolivia, Haití y Honduras, mientras que en Brasil, México y Argentina el nivel de corrupción ha disminuido.
El periodista Andrés Oppenheimer al analizar estas cifras indica que no es una coincidencia que, en momentos en que el Gobierno de Brasil está reprimiendo la corrupción, el número de brasileños que fueron víctimas de sobornos se haya reducido a la mitad. Y no es una casualidad que Chile, que tiene instituciones fuertes, es el país latinoamericano con el menor número de experiencias de soborno.
Es cierto que hay muchas otras causas de corrupción, incluyendo el exceso de regulaciones gubernamentales y grandes burocracias. Cuantos más inspectores del gobierno hay, tantas más oportunidades de pedir sobornos se presentan. Pero, en general, la corrupción empieza desde arriba y no es un mal cultural o biológico que no se pueda curar, pues ahí tenemos el caso de Brasil, el país más grande de la región, el que está dando un ejemplo al combatir la corrupción desde el gobierno haciendo que sus instituciones funcionen.
La realidad de nuestro país:
En ese sentido, en nuestro país no hemos avanzado mucho en la consolidación de nuestro sistema democrático, ya que las instituciones estatales no funcionan o lo hacen deficientemente, como es el caso del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, la Policía, entre otras, como lo afirma Martín Tanaka (Corrupción, ética y política), quien propone que urge avanzar en la mejora del sistema judicial, porque su falta de legitimidad crea serios problemas que dificulta el desarrollo del país. Resolver el dilema existente entre las percepciones de justicia y el respeto a las instituciones es clave para nuestra democracia.
El mismo autor señala que no hay confianza en el sistema judicial y hay actores políticos importantes que parte de la ciudadanía identifica como corruptos. Si los sistemas anticorrupción funcionaran bien, algunos de los imputados deberían pagar condenas y los inocentes deberían ser liberados de sospechas; pero como no funcionan, terminamos teniendo culpables impunes e inocentes falsamente implicados en la comisión de delitos. La percepción de injusticia hace que se cuestione permanentemente la institucionalidad judicial. Por otro lado, en todos los países de la región, el debilitamiento de los partidos políticos como canales de representación hace que la política tienda a judicializarse.
Martín Tanaka plantea que urge una gran reforma judicial y el reforzamiento de un sistema anticorrupción lo más autónomo de presiones políticas; también urge un acuerdo político y entre los poderes del Estado para limpiar la política de la percepción de corrupción, que amenaza la legitimidad del sistema democrático.
Las instituciones estatales son muy débiles en nuestro país y cada son más cuestionadas porque se percibe que está en manos de incompetentes y la incompetencia es sutil y poco evidente si la comparamos con la corrupción, por ello resulta tanto más peligrosa y devastadora que ésta. La incompetencia del Estado deriva en un profundo impacto público, pues alcanza a toda la sociedad. En ese sentido, la periodista Martha Meier sostiene que “una burocracia de ineptos es el mayor freno para un desarrollo de un país, y eso es lo que se está gestando, silenciosa y sostenidamente en nuestra tierra”. (El peligro del burócrata incompetente)
Ya lo decía Ortega y Gasset: “Los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”. Si la voluntad es seguir creciendo y lograr un desarrollo con inclusión, necesitamos expertos en lo que asumen y no burócratas de largo currículo sin especialidad en nada, y menos tontos útiles para manejar millonarios fondos sin tener experiencia siquiera en presupuesto o desorientados que requieren de consultorías hasta pedirle permiso a un pie para mover el otro.
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