Hace un mes y pese a los pedidos de clemencia, los jueces decidieron acabar con la vida de Troy Davis, un afroamericano de 42 años, que pasó a engrosar la lista de los 1.269 ejecutados en Estados Unidos, desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976. La ejecución de Troy Davis ha vuelto a poner el tema de la pena de muerte en el debate público. En los veinte años que estuvo en el corredor de la muerte, siete de los nueve testigos que lo identificaron como el que disparó contra el policía Mark McPhail se retractaron aduciendo que habían recibido presión policial. Pese a ello, los jueces dijeron que esas contradicciones aportaban “mínimas dudas” sobre la culpabilidad de Davis.
La prueba en la que se sostuvo la acusación fue un informe de balística según el cual casquillos de bala que se encontraron en el sitio del homicidio, perpetrado en 1989, eran similares a otros encontrados horas antes en un tiroteo en el que participó Davis.
Al día siguiente de la muerte de Troy, otro condenado recibió la pena capital. Se trató de Lawrence Russell Brewer, de 44 años y miembro del Ku Klux Klan, fue ejecutado en Texas por matar a un hombre de raza negra en 1998, a quien encadenó en la parte trasera de su camioneta y lo arrastró hasta destrozar su cuerpo. Nadie pidió clemencia por él.
Troy Davis fue condenado a muerte por el asesinato del oficial de policía de Savannah, Mark McPhail, convirtiéndose en uno de los 3.200 prisioneros condenados a pena de muerte en Estados Unidos. Amnistía Internacional asumió su causa, al igual que la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Su ejecución generó tanta indignación a nivel mundial, la que no se detuvo pese a que se realizaron vigilias en países como Islandia, Inglaterra, Francia y Alemania. El Estado de Georgia llevó el cuerpo de Davis a Atlanta para realizarle una autopsia, y le cobró los gastos de transporte a su familia. En el certificado de defunción de Davis figura como causa de la muerte simplemente “homicidio”.
En pleno siglo XXI, casi 18 mil personas están condenadas a muerte en el mundo como lo revela un reporte de Amnistía Internacional. En China, el país donde más ejecuciones y condenas hubo durante el 2010, el gobierno se niega a publicar los nombres de los ejecutados por ser “secreto de Estado”. Decapitación, lapidación y ahorcamiento son algunos de los métodos que se utilizaron para sancionar penalmente a, por lo menos, 527 personas el año pasado. La lista de los ejecutados la encabezan China, Irán, Corea del Norte, Yemen y Estados Unidos.
De los 197 países existentes en el mundo, más de la mitad aprueba la pena de muerte en sus legislaciones. Hay 96 países abolicionistas, lo que contrasta con la de los 101 retencionistas que se niegan a abolir esta sanción penal. En el 2010, en 23 países ejecutaron al menos a 527 personas; sin embargo, no se cuentan las ejecuciones en países como Afganistán, Pakistán o Corea de Norte porque no se tienen datos oficiales. Mientras en Vietnam está prohibido por la ley publicar datos sobre las ejecuciones, en China las cifras se consideran como “secreto de Estado”.
China es el país con el mayor número de ejecuciones, pues el año pasado se ejecutaron a más de mil personas; seguido por Irán con al menos 252 ejecuciones oficiales. Pakistán encabeza la lista con el mayor número de condenas muerte en el 2010 con 365; mientras que Irak registra 279 ejecuciones. El saldo final durante el 2010 se han producido 2.224 nuevas condenas a muerte en 67 países.
Estimada como una orientación sexual común en la mayoría de países, la homosexualidad se considera como un delito grave en Uganda. De aprobarse la Ley Contra la Homosexualidad en aquel país africano, serían condenados a muerte aquellos que tenga esta orientación sexual. En Irán se condenó en diciembre pasado a un hombre por visitar páginas pornográficas en internet, por cuanto los jueces consideraron que abrir esos sitios web es un insulto al Islam.
En Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Sudán y Yemen se condenó a personas que no habían cumplido los 18 años de edad en el momento de cometer el delito, por lo que violaron el derecho internacional. Los métodos de ejecución varían dependiendo el país: En Japón o Egipto, el método a seguir es el ahorcamiento; la lapidación es común en Pakistán. En Somalia y Corea del Norte se ejecuta con arma de fuego; mientras que en China y Estados Unidos es por medio de inyección letal y en Arabia Saudita se termina con la vida mediante la decapitación.
En América, el país donde más ejecuciones se realizan es Estados Unidos, pues más 3.200 personas esperan su ejecución y 138 condenas han sido conmutadas desde 1973. A pesar de que en Latinoamérica la pena de muerte se considera abolida, algunos países como Guatemala y Belice –y algunas islas caribeñas como Bahamas y Jamaica- todavía la practican. Por otro lado, en Cuba desde el 2003 no se llevan a cabo ejecuciones.
Europa es el continente más abolicionista, solo Bielorrusia mantiene dicha práctica. El 7 de octubre de 2010, en un intento por abolir por completo la pena de muerte, se creó –por iniciativa del gobierno español- la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. A pesar de las miles de ejecuciones y condenas en Asia –el continente donde más de ejecuta- y Estados Unidos, Amnistía Internacional se muestra optimista y refiere que el mundo se encamina hacia la abolición de la pena de muerte. En su Informe 2010, explica que cada año son más países los que prohíben esta práctica.
La pena de muerte no resuelve nada, no se ha demostrado que baje los índices de criminalidad y, además, este sistema está propenso a fallar, por cuanto si condenan a un inocente y es ejecutado, el daño ya no se repara. Tener penas tan crueles, significa darle más poder a las instancias de justicia que la historia ha demostrado que suelen equivocarse con frecuencia.
A pesar que el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte, marca como destino su abolición. Los países que aún la contemplan en sus legislaciones, insisten en el hecho de que sólo la utilizan en los delitos más graves plasmados en sus leyes. Argumentan que las resoluciones de organismos internacionales no son obligatorias, ya que sus leyes están por encima de dichas resoluciones.
En 1989, la Asamblea General de la ONU adoptó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la abolición total de la pena de muerte, el cual solamente fue suscrito y ratificado por 73 Estados. El pasado 21 de diciembre se adoptó la Resolución 65/206 de la ONU referente a la moratoria sobre el uso de la pena de muerte. Fue votada a favor por 109 países, mientras que 35 –la mayoría africanos- se abstuvieron. La resolución fue rechazada por 41 naciones, entre ellas, Estados Unidos, China, Irak y Afganistán. Argelia y Mali votaron a favor de la resolución, no obstante, el año pasado condenaron a pena de muerte a decenas de personas.
El asesinato de Troy Davis por parte de la justicia norteamericana es un ejemplo de cuánto se equivoca el sistema, lo que suele ocurrir a menudo. Se trata pues, de una decisión irreversible que ha conllevado a poner este tema sobre el tapete para su discusión.
UNA GUERRA DE NUNCA ACABAR:
Después de los atentados contra las Torres Gemelas en 11 de setiembre de 2001, el gobierno de Goerge W. Bush decidió invadir Afganistán y emprendió una implacable persecución contra el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, el cual se había atribuido ese brutal acto de terror. El terrorista fue abatido en Pakistán, donde encontró refugio, por parte de tropas de élite de Estados Unidos y, todo ello, tras una década de combates en territorio afgano, donde perdieron la vida miles de personas inocentes, produciendo millones de desplazados y miles de millones de dólares gastados. Y Afganistán está más destrozado y es más inestable que nunca.
Actualmente hay 130 mil soldados extranjeros y casi 300 mil miembros de seguridad enfrentando al movimiento talibán, que ha estado luchando desde que fuera expulsado de Kabul en el 2001. En meses recientes los talibanes perpetraron ataques cada vez más complejos, probando que siguen teniendo fuerza y, ello cuando las tropas internacionales anuncian su retiro de Afganistán para el 2014.
Como sabemos, la invasión afgana empezó el 7 de octubre de 2001 y, esa guerra se ha convertido en la más larga y costosa de la historia de Estados Unidos y uno de los conflictos más desafiantes desde el punto de vista estratégico. El gobierno de Washington ya ha gastado 444 mil millones de dólares en esta guerra, según un informe de la Universidad de Brown y, además, hasta la fecha han perdido la vida más de 1.800 soldados estadounidenses.
El foco de la misión cambió de perseguir a la red Al Qaeda a construir un país que no pueda ser usado otra vez como refugio para terroristas; pero el costo ya no es fácil de soportar para Estados Unidos, en vista de sus actuales problemas económicos. Pese a los miles de millones en ayuda, el Gobierno y las instituciones estatales afganas siguen siendo frágiles e incapaces de proveer una buena gobernanza, suministrar servicios básicos a la mayoría de la población o garantizar la seguridad humana.
Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, sigue atascado en una guerra que parece interminable, con la insurgencia apareciendo en áreas anteriormente pacíficas.
Los talibanes en estos últimos meses han asestado a las tropas norteamericanas duros golpes, lo que ha provocado cierta desazón en sus soldados, muchos de los cuales prefieren regresar pronto a casa. Mientras tanto, el presidente Hamid Karzai ha fracasado en su intento de negociar la paz con el movimiento integrista talibán y prefiere refugiarse en su palacete ubicado en la capital. Por ello le llaman “el alcalde de Kabul”, pues solo tiene presencia en esa ciudad, de donde nunca sale por temor a ser emboscado.
Como señala el periodista y analista Roger Zuzunaga Ruiz, diez años después de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, los estadounidenses ahora están más inseguros y los afganos están en las mismas condiciones de hace una década. Es decir, sigue siendo un país convulsionado e ingobernable. En 1996 los talibanes –luego de la retirada de los soviéticos- tomaron Kabul y se apoderaron de gran parte del país. Estos estudiantes fundamentalistas formados principalmente en las madrazas pakistaníes y que se dejaron crecer la barba, dieron cobijo a Osama Bin Laden, el millonario saudí que se había internado en las montañas afganas para pelear en la yihad contra los invasores soviéticos. Años después y, desde ese país, urdió los más sangrientos atentados terroristas que se han perpetrado en Estados Unidos y que motivaron la invasión norteamericana a Afganistán.
Al cabo de una década de guerra Estados Unidos va ganado la guerra, pero el mayor derrotado no es Al Qaeda, sino el pueblo afgano, que vio en la llegada de las tropas estadounidenses una esperanza para terminar, por fin, con la opresión de los talibanes y con décadas de luchas armadas. Diez años después, y cansados por las muertes de civiles, ven a la presencia extranjera como la raíz de su sufrimiento, que no terminará con las tropas a finales de 2014, pues los talibanes nunca desaparecieron y sus ataques son cada vez más osados, pues una de sus pretensiones es tomar nuevamente Kabul, la capital del país más pobre y desangrado del planeta.
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