La Contraloría General identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en siete exfuncionarios y un exservidor público del Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), quienes laboraron en la entidad durante el periodo 2012 – 2020.
El informe de la Contraloría determina presunta responsabilidad en siete exfuncionarios y un exservidor público del GOREA. De los cuales, cinco tienen presunta responsabilidad civil y administrativa, y solo tres, presunta responsabilidad administrativa.
Se trata de la aprobación de un expediente técnico inconcluso para la obra de saneamiento del distrito de Yambrasbamba, en la provincia de Bongará, lo que ocasionó un aumento en los gastos generales, inaplicación de penalidades y pago por gastos arbitrales, que resultaron en un perjuicio económico de S/ 200 662.28.
Según el Informe de Control Específico N° 047-2020-2-5331-SCE, la entidad aprobó el expediente técnico sin contar con la tenencia legal de los terrenos para las estructuras proyectadas del sistema de agua potable. Se continuó con la ejecución de la obra y no existieron observaciones del consultor, aprobándose una ampliación de plazo por 41 días, la cual generó el pago de S/ 33 906.60 al contratista por “gastos generales”.
De igual manera, se constató que al haberse iniciado un proceso arbitral entre la empresa contratista y la entidad, los Procuradores Públicos Regionales no presentaron las pruebas ni las documentación necesaria para la defensa del Gobierno Regional de Amazonas como son: actas de no recepción de obra, actas de verificación de avance físico de las metas de obra, requerimientos de corrección de deficiencias advertidas en la obra, entre otros.
El informe establece que, a raíz de ello, se provocó una defensa jurídica ineficaz durante el proceso arbitral, lo que conllevó a que el Gobierno Regional de Amazonas se vea obligado a dejar de aplicar la penalidad por retraso injustificado de la obra, lo que ascendería a S/ 154 865.68; así como el pago total de los gastos arbitrales por S/ 11 890.00.
Las situación generó una pérdida total de S/ 200 662.28 para el Estado y afectaron la legalidad en la correcta utilización y gestión de los recursos públicos, así como también el correcto funcionamiento de la administración pública.
La comisión de control recomendó al Procurador Público de la entidad iniciar las acciones legales contra los implicados y, al titular de la entidad, iniciar las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades contra los presuntos responsables comprendidos en el Informe de Control Específico.
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