Por: Leonardo Sánchez Colchado
Francisco Diez Canseco Távara, Presidente del Consejo por la Paz en su artículo Peruanicemos la lucha contra las drogas hace mención a un informe de las Naciones Unidas de 2009 que señala un incremento de 59,900 hectáreas de sembríos de hojas de coca y registró que el narcotráfico está creciendo en el Perú en forma alarmante. En los valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) hay zonas manejadas por narcotraficantes y por lo menos un millón de peruanos viven o están vinculados a la economía de la coca, cuya producción es un problema eminentemente social, por cuanto en esas zonas no hay presencia del Estado y en los que las posibilidades de salir de la pobreza y los horizontes de vida se vinculan tempranamente al tráfico de drogas. Se estima que el narcotráfico mueve globalmente 300 mil millones de dólares en el Perú, ocupando el primer lugar en la producción de coca en el mundo, relegando a Colombia y Bolivia.
Si bien es cierto el desarrollo alternativo está dando resultados, sin embargo se requiere de proyectos de crecimiento económico y social que permitan a los pequeños productores salir de la esclavitud de la coca. Por ejemplo, según un estudio efectuado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEI), en el Monzón el ingreso familiar es en promedio un poco más de S/.195.00 al mes y solo el 77% de los niños asiste a la escuela; lo que se corrobora con un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que data del 2009. Según el IDEI la ausencia del Estado es la justificación para que en esas zonas se piense que la única economía posible es la producción de la hoja de coca.
Los niños que trabajan en las zonas cocaleras ven esa actividad como una manera de ayudar a sus padres. La tarea en la que más se desenvuelven los menores es la cosecha de la hoja de coca. Esta labor es realizada por el 90% de menores de entre 6 a 17 años de edad, en su mayoría mujeres. Los menores –que saben que la hoja de coca va al narcotráfico- se desarrollan en una cultura de antivalores que se refuerza con la presencia de prostíbulos y cantinas.
UNICEF también ha realizado un estudio sobre la niñez en las zonas cocaleras en el 2006, quienes se dedican a la cosecha de la hoja de coca hasta tres veces al año, por lo que en época de vacaciones escolares es notoria la migración de niños desde localidades vecinas. Los menores de entre 16 y 17 años pasan a pisar la hoja de coca para extraerle el alcaloide en las pozas de maceración, pudiendo percibir hasta S/.100.00 al día. Luego pasan a ser mochileros, es decir, transportar la droga procesada hacia las ciudades, a cambio de hasta $200.00 por viaje. Esta actividad no les permite salir de la pobreza, sino que solo les proporciona un ingreso fácil para subsistir, lo que genera bonanza artificial.
Además, los niños y jóvenes de las zonas cocaleras conviven con la violencia, donde los adolescentes son reclutados por el terrorismo a cambio de pagos mensuales. Otra de las formas de explotación es la prostitución infantil en las cantinas, porque en estos lugares necesitan mujeres para atender la demanda. Consecuentemente, las tasas de embarazo precoz son muy altas, ya que las niñas se inician sexualmente entre los 12 y 14 años de edad; incluso algunas ya son madres.
Según el analista Hugo Guerra (La explicación que nos deben) los cultivos cocaleros crecieron en el 2010 por quinto año consecutivo y superan los de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Asimismo, se calcula que en el Perú 50 mil familias viven de los cultivos ilícitos; por eso los organismos especializados califican al Perú como narco país, ya que por lo menos 13 regiones están involucradas en el fenómeno de la droga. Un 70% de la droga producida en el Perú sale de manera ilegal por vía marítima con destino a México, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, mientras que las agrupaciones cocaleras peruanas se han vuelto más violentas y organizadas.
Alejandro Vassilaqui, Director Ejecutivo de Cedro, señala que es necesario aplicar medidas integrales, respetando los derechos humanos y que las intervenciones a tiempo pueden evitar situaciones como las que ocurren en Brasil y México. Por lo tanto, el Perú no está lejos de sufrir escenarios similares a los que tienen los países antes mencionados, ya que las bandas del crimen organizado captan a muchos jóvenes que son vulnerables al consumo, volviéndolos fácilmente delincuentes al involucrarlos en robos, asaltos, secuestros y otros.
No debemos olvidar que el consumo de drogas en el Perú es alarmante. Cedro ha realizado un estudio denominado “Opinión sobre drogas en la población urbana peruana 2010”, mencionado por el empresario y analista José Lolas Miani, en su artículo denominado “Enfrentar el narcotráfico aunque sea solos”, que señala que el 86.3% de la población peruana percibe que el consumo de drogas ha aumentado en el país, mientras que un 10.2% cree que no ha variado, es decir, cada vez más jóvenes y a más corta edad se inician en el consumo.
Hay que tomar en cuenta que el tráfico y el consumo de drogas involucran a diversos estamentos de la sociedad como judiciales, económicos, ecológicos y criminales, minando la institucionalidad del sistema democrático, por cuanto corrompe voluntades, atenta contra la salud pública y acaba con la esperanza de un futuro mejor para las familias víctimas de este flagelo.
Además, las actividades del narcotráfico perjudica enormemente el medio ambiente; los ríos en las zonas cocaleras están contaminados por químicos que van desde kerosene hasta la acetona pasando por el cloro y el ácido sulfúrico. La basura de la droga degrada el ambiente y afecta a la población, pues recoger agua del río, bañarse o lavar la ropa pueden generar intoxicaciones y llagas en la piel; menos peces para alimentarse y menos aves silvestres.
Por otro lado, según la periodista Martha Meier, los cocales son incompatibles con el sano cultivo de nuestros alimentos. Las plantaciones de hojas de coca compiten por los suelos y recursos requeridos para la agricultura. Los cocales –por el uso de pesticidas y herbicidas- contaminan los acuíferos y los ríos, alteran los ecosistemas, degradan los suelos, la biodiversidad y la salud. Según Cedro, el 72.9% de los cocaleros del Huallaga considera que el cultivo y producción de drogas afectan su salud, y el 90% de la producción de la hoja abastece al narcotráfico.
En reciente entrevista, Ricardo Soberón Garrido, Presidente Ejecutivo de Devida, ha señalado que la erradicación forzada no ha tenido un impacto definitivo en el desenvolvimiento de cultivos ilícitos de coca, marihuana o amapola en el mundo, como lo indican muchos informes de las Naciones Unidas; añadiendo que el circuito del narcotráfico comprende productores, consumidores y en el centro está el crimen organizado. La historia indica que la erradicación no hace un daño significativo al narcotráfico.
Soberón refiere que es necesario cortar los circuitos financieros de las organizaciones criminales, así como inteligencia policial para detectar y desmantelar las estructuras criminales asentadas en la costa y ciudades intermedias; además se debe activar el sistema de control, seguimiento y verificación del destino de los 27 insumos químicos, de los cuales solo cinco se producen en el Perú.
Está demostrado que los agricultores prefieren vivir en el marco de una economía productiva legal aunque menos rentable que la de la hoja de coca, a jugarse el pellejo todos los días con narcos y policías detrás de ellos. Por lo tanto, es fundamental en las zonas rurales del país el desarrollo económico, social y educativo.