Por: Dr. Leonardo Sánchez Colchado
Cada vez que ocurre un atentado criminal, en la que todo se pone en riesgo la integridad física o la vida de alguien que tiene mayor influencia que otros desprotegidos de este país, de inmediato surgen las preocupaciones de los medios de comunicación y autoridades, en quienes de pronto asoma la intención de resolver este complicado problema. Lo cierto es que nuestra sociedad está a expensas de sujetos que se encuentran al margen de la ley.
Un test psicológico practicado a 30 avezados delincuentes del penal de Lurigancho arrojó una espeluznante verdad: ninguno de ellos muestra signos de arrepentimiento, ni deseos de cambios y resocialización, pues son extremadamente violentos y no tienen tolerancia a la frustración. Por otro lado, personal de la División de Investigación Contra el Crimen de la Policía Nacional asegura que en los últimos años los delitos cometidos por bandas organizadas se triplicaron. La inseguridad se extiende en todo el país, ya que entre el 2008 y 2010 el número de denuncias alcanzadas al Ministerio Público por delitos graves se incrementó en 50%, pues el año pasado ingresaron en promedio 1300 denuncias por día solo en Lima; el 60% por robo, homicidio o secuestro. Lima. La Libertad, Lambayeque y Piura son las regiones más peligrosas, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.
Funcionarios del Poder Judicial sostienen que los casos de corrupción en la lucha contra el crimen comienzan durante la elaboración del atestado policial, donde se puede minimizar la participación, la vehemencia o los antecedentes del autor del delito. Los policías, por su parte, señalan que la corrupción se registra, sobre todo, en el Poder Judicial, esto es, cuando hay que definir la sentencia, cuando hay que interpretar los beneficios carcelarios o al otorgar la libertad por vencimiento del plazo de carcelería. Con un atestado débil, la fiscalía lo presenta tal cual al juez y éste, por la debilidad de la investigación, archiva el caso o abre proceso contra el autor por un delito menos grave. Por lo tanto, la corrupción está en todos lados, pero nadie la acepta públicamente.
Según una encuesta del Ministerio Público, el 60% de las víctimas no denuncia a su agresor y no lo hace porque no confía en las autoridades o consideran que es una pérdida de tiempo. (Fuente: El Comercio 14 agosto 2011). En nuestro país la opinión generalizada es que la violencia es de todos los días y, por lo tanto, la impunidad reina. En ese sentido, el 49.6% -por ejemplo- de los limeños ha sufrido por lo menos un robo al paso. El 76.6% se siente inseguro y vulnerable a ser víctima de un delito, según la última encuesta de Victimización 2011. Por lo tanto, encabezamos la tabla en victimización y de percepción de inseguridad de América Latina, según el Barómetro de las Américas; incluso nos hemos mantenido en el mismo rango en los últimos años, con lo cual se puede presumir que aunque el porcentaje de delitos sea el mismo, estos se han profesionalizado con el empleo de armas. En ese sentido, precisamos que el 11.5% de las víctimas sufrió agresión con armas de fuego. ¿Por qué se ha profesionalizado el crimen y de dónde han salido las armas? Según el ex ministro del Interior, Remigio Hernani, no existe información precisa al respecto, pero cree que es producto del contrabando y, agrega que no hay información ni registro de los delitos. Otro gran problema que afronta la inseguridad es la carencia de policías en las calles, pues al no poder pagarles a éstos un sueldo digno, se instauró el régimen 1 x 1, es decir trabajaban al servicio de la institución un día y tenían otro para que trabajen por el sector privado y así equiparen su sueldo a fin de mes, priorizando, el policía, el ingreso de sus días de franco. En consecuencia, en nuestro país no han existido planes ni programas por parte del Estado para bajar los niveles de inseguridad en nuestras ciudades.
Contrariamente, en países vecinos se han puesto en marcha originales planes con esa finalidad. Así tenemos que en Cali – Colombia, el médico epidemiólogo Rodrigo Guerrero, siendo alcalde, implementó un sistema que sirvió para identificar los brotes de violencia, haciéndose un seguimiento del dónde, cuándo y cómo, llegando a la conclusión que la mayor cantidad de crímenes no ocurría a causa del narcotráfico, sino los fines de semana y con mayor incidencia en las fiestas patronales, siendo el motivo la ingesta de alcohol y drogas; por lo que se tomaron medidas restrictivas que tuvieron éxito. Entonces Antanas Mockus llevó dicho modelo a Bogotá, implementando el Plan Zanahoria, con buenos resultados.
Dejando de lado las frías estadísticas, en nuestro país la mayoría de los crímenes, homicidios y actos de violencia ocurren no a causa del crimen organizado, sino en entornos intrafamiliares o interpersonales; por lo tanto, somos una sociedad violenta. Entendidos en el tema de seguridad ciudadana proponen la creación de un Observatorio Nacional que se dedique a procesar, sistematizar y analizar la información que produce la Policía Nacional acerca de las denuncias y los crímenes; así como los que registra el sistema de salud, que lleva una data de los fallecidos por bala. También recogería información de lo que produce el Instituto de Medicina Legal sobre la causa de las muertes y lesiones.
La propuesta también plantea un trabajo en conjunto con información fiscal y del Poder Judicial, que analice la reincidencia del delincuente o si acaso los beneficios penitenciarios están mal dados. En tal sentido, sería un centro de análisis de información que plantearía cuáles son las causas que originan los problemas de seguridad ciudadana para que con estadísticas oficiales se plantee una política de generación de información delictiva.
Más allá de discutir qué penales reabrir, la gran tarea es profesionalizar el Ministerio del Interior, encargado de marcar una política de seguridad nacional para un problema hoy tan urgente como el narcoterrorismo. El ex Ministro del Interior, Gino Costa, plantea que dicha dependencia debería tener una burocracia estable y permanente. Esto quiere decir que aunque los ministros cambien cada tanto, exista una política de Estado en la que se acuerde una hoja de ruta a cumplir para atender la inseguridad ciudadana. La gente está cansada de ver que nuestras instituciones sólo están para atender con prontitud aquellos delitos que se vuelven mediáticos ¿Y el resto qué? (Fuente: Revista Somos N° 1288, agosto 2011).
Historia de nunca acabar
Leonardo Caparrós, ex jefe del INPE señala que existe un sector, aunque minoritario, de delincuentes irrecuperables para la sociedad, como es el caso de secuestradores y extorsionadores. Pero también hay una gran cantidad de malhechores que pueden ser resocializados, sobre todo aquellos que recién comienzan en el mundo del delito. Cuando se producen atentados criminales a muchos políticos lo único que se les ocurre es solicitar sanciones punitivas más drásticas, más mano dura y más penales. Sin embargo, las estrategias de resocialización constituyen una alternativa que mira las cosas de manera positiva.
El año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito concluyó un estudio sobre el tránsito entre los centros juveniles de rehabilitación y las prisiones peruanas; pues el 18% de los internos de los penales de Lurigancho, Sarita Colonia y Santa Mónica estuvo antes en un centro juvenil. El Estado debe replantear el tratamiento que se les da a los adolescentes que comenten infracciones; por cuanto las autoridades cometen error cuando los internan a éstos en centros juveniles cerrados, donde los estigmatizan y aprenden conductas delictivas, lo que se convierte en un círculo vicioso.
El 25% de la población penal del Perú es menor de 25 años y las normas para ellos se ha endurecido muchísimo. Se cree que los problemas sociales y económicos que desatiende el Estado se resuelve con más penas y más cárceles; sin percatarse que la sobrepoblación carcelaria supera el 70%. El problema de hacinamiento es la principal causa del desgobierno y la falta de autoridad dentro de las prisiones, ya que impide la correcta clasificación de reos, lo que a su vez hace imposible aplicar los programas de tratamiento a cada preso; además promueve la convivencia entre internos de todo calibre y da carta blanca al liderazgo de pandillas que controlan los penales con cobros y vejaciones. El hacinamiento en los penales los convierte en espacios donde lo que finalmente ocurre es un profesionalismo de la criminalidad, perfecciona la técnica del delincuente y acentúa su vocación en el delito, como lo señala Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE.
También se propone la privatización de las cárceles, lo que para muchos no es una buena idea porque generaría un gasto excesivo para el Estado. Otros señalan que deben crearse penales agrícolas en provincias o un régimen carcelario que permita el trabajo de prisioneros en obras públicas con el uso de grilletes.
Para Pedraza, “la cárcel tiene abandonar el propósito de la resocialización, porque eso es pura ficción; pues ninguna sociedad en el mundo se ha salvado de la reincidencia y hay un segmento de la población que ha optado por el delito como oficio definitivo”. Las estadísticas confirman que un delincuente de menos de 20 años va a reincidir en el delito unos veinte años más, pues la vida delictiva termina a los 50 años de edad. Lo que se requiere son establecimientos carcelarios más rigurosos en sus sistemas de seguridad que impidan que el interno conviva y se retroalimente en una escuela de delincuentes.
En Estados Unidos, el 10% de los penales están privatizados; en Chile ya hay nueve reclusorios concesionados. En el Perú ya existe una concesión otorgada por Pro Inversión a una empresa española en enero de este año: el penal se construirá en Huaral, costará 80 millones de soles y tendrá una capacidad para 1500 reos.
Desigualdad y exclusión
Pero además, muy pocos han relacionado el problema de la violencia con factores político-económicos, pues si bien es cierto los indicadores macroeconómicos han mejorado, sin embargo la modernidad financiera no fue acompañada por una reforma ética de mayor inclusión. Los partidos políticos son incapaces de poner en debate el modelo de sociedad abierta e inclusiva que debemos construir en el siglo XXI, como lo indica Hugo Guerra en su artículo Incertidumbre, inseguridad y violencia.
La bonanza económica en el Perú no ha recalado en la base social, pero la sensación de nueva riqueza y modernidad nacional sí ha acelerado transversalmente la incertidumbre e inestabilidad psicológica de una nación en tránsito hacia modelos políticos imprecisos. A ello se ha sumado la veloz pérdida de valores que caracterizaban a la sociedad peruana, sin que emerjan reemplazos tolerantes y democráticos. En estos tiempos de hiperindividualismo, no se han replanteado los auténticos derechos ciudadanos en un conjunto humano en el cual la modernidad económica incentiva a las nuevas élites de profesionales y técnicos, pero excluye sistemáticamente de la competencia a muchísimos jóvenes que llenan su desesperanza e incertidumbre con el primitivismo violento de las pandillas.
¿Reabrir penales y endurecer las leyes? Pueden ser medidas útiles, pero la verdadera solución a un problema que incluye incertidumbre, inseguridad y violencia exige, de un lado, un auténtico liderazgo gubernamental indispensable para fortalecer la moral y capacidad operativa de la policía, mientras se revierta un sistema legal y judicial garantista y permisivo del crimen y el delito, como lo afirma el propio Hugo Guerra; quien concluye señalando que “la violencia es el reflejo, no el problema de fondo, porque el mal está en esa sociedad éticamente enferma que todos debemos ayudar a curar”.
Desempleo y Pobreza: causas y posibles soluciones, es el trabajo que han realizado Raúl Enrique Altamira Gigena y María Angélica Zarazaga, catedráticos de la Universidad Nacional de Córdova – Argentina, quienes indican que el desempleo de los jóvenes constituye un verdadero derroche de recursos humanos. Este fenómeno suele ir aparejado con un crecimiento de la criminalidad y la aparición de grupos desfavorecidos que generalmente tienen sus propias reglas y formas de subcultura. Agregan que los hijos de los pobres no tienen acceso a la educación, se enferman, están mal alimentados, no acceden a empleos productivos, no tienen capacitación, no tienen crédito y con ello se autogenera la pobreza. Estas privaciones generalmente causan una degradación brutal en la calidad de vida y acortamiento de los años de existencia, ya que no alcanzan comprar el mínimo de proteínas y calorías que requieren para sobrevivir; por lo tanto, padecen de severas formas de desnutrición que afectan severamente su vida en todos los planos. La pobreza, con sus complejos de carencias y déficit nutricionales, es hoy una de las principales causas de muerte.
El crecimiento de la pobreza tiene múltiples efectos destructores de las bases de la institución familiar, debilitando sus posibilidades de construir familias fuertes y sólidas. Igualmente, las mujeres son las víctimas principales de los problemas sociales, culturales y de la carencia de desarrollo. La miseria, la pobreza y la desintegración de las estructuras sociales, sacrifican el bienestar de los excluidos. Debemos tener presente que las nuevas generaciones tienen dificultades crecientes para integrarse en el mercado de trabajo, lo que acrecienta los índices de homicidios, violaciones, delitos relacionados con drogas, suicidios, número de presos y porcentaje de jóvenes en la población reclusa. Y los efectos de la miseria y la pobreza son devastadores, sobre todo, en los niños.
En conclusión, el desempleo es una fuente de angustia y puede convertirse en una verdadera calamidad social; debilita a los hombres, a familias enteras, dándoles la sensación de ser marginados, ya que tienen dificultad para proveer a sus necesidades esenciales y, no se sienten reconocidos ni útiles para la sociedad. Esta situación, en muchas ocasiones, genera violencia en todas sus formas y, eso es lo que precisamente ocurre en nuestro país
Por esta razón, planteamos que no solamente debemos buscar soluciones a la inseguridad con propuestas facilistas como endurecer penas y construir más reclusorios; eso puede se útil para la emergencia, pero debemos repensar en acciones integrales que nos permitan ofrecer un país con “más equidad e inclusión social, con distribución equitativa de oportunidades; pues la meta del desarrollo sólo se llena de sentido si se la entiende como la ampliación de las posibilidades de las personas para realizarse como tales, de modo que, en los límites de su finitud, puedan acercarse a la felicidad”, como lo sostiene Salomón Lerner F. (Ética y desarrollo).
Y es que nuestro país es excluyente, lo que no es un descubrimiento reciente, pues siempre fue así. El economista Augusto Townsend (Cuando el Estado es el que excluye) refiere que es el Estado quien excluye y perenniza la pobreza y la desigualdad. Agrega que tenemos un Estado que representa a los peruanos el día de las elecciones, pero que luego se olvida de ellos cuando los políticos empiezan a preocuparse más por su futuro en los siguientes comicios. Un Estado que es incapaz de hacer que los ciudadanos reciban un buen servicio, que impone mil y una barreras burocráticas para poder emprender –por ejemplo- un negocio. Un Estado que propone una maraña de obligaciones legales y tributarias que castigan innecesariamente a los que quieren emprender empresas formales. Un Estado que despilfarra lo que tanto esfuerzo nos cuesta generar, sin que reviertan esos beneficios para los ciudadanos. En Estado que está obsesionado en echarle la culpa al “mercado”, pero que se olvida que es el principal responsable que haya tanta exclusión en el país.
Entonces, el problema va más allá de aumentar penas, reorganizar el Ministerio del Interior o terminar con los privilegios que gozan algunos “capos” en las cárceles. La inseguridad tiene que ver con temas de educación, desempleo, justicia, corrupción, penalidad, profesionalización, equipamiento y mejores remuneraciones del policía, con fiscales y jueces incorruptibles. La deserción escolar y el desempleo juvenil son las primeras escaleras que llevan, en muchos casos, a los jóvenes a la delincuencia, la drogadicción y la prostitución. Sin horizonte y sin posibilidades de desarrollo, los adolescentes terminan integrándose a pandillas en las que el revólver se convierte en una “herramienta” de trabajo y en donde encuentran lo que les falta en su hogar o en la sociedad. Y como lo señala Carlos Castro (La inseguridad en el país), otro gran problema que enfrenta el Estado es la corrupción en toso sus niveles y formas.
Es verdad que el incremento de la criminalidad obedece a causas que van más allá de la pobreza y configuran un panorama complejo que admite varias respuestas. No basta con demandar mayores penas y saturar cárceles que son escuelas de delito. Es necesario fomentar una educación de valores, disminuir los mensajes que insisten en la riqueza súbita y sin esfuerzo, fortalecer la unión familiar, etc. Ninguna solución es instantánea o milagrosa, pero existe la sensación de que ni siquiera estamos intentándola.
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