Cuatro ex funcionarios fueron denunciados penalmente por negociación incompatible y a otros 19 se les abriría proceso administrativo.
La Contraloría General reveló que el gobierno regional de Amazonas ha pagado 14.2 millones de soles a una empresa contratista que en dos años no pudo culminar una obra de saneamiento en Bagua Grande, la cual quedó inconclusa.
Durante la acción de control, se verificó que el gobierno regional resolvió el contrato con la empresa en diciembre del 2009 porque habían transcurrido cerca de dos años y la contratista no había entregado la obra “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Bagua Grande”.
Al momento de emitirse el informe, en julio del 2012, la obra registraba un avance físico menor al 65%, lo que perjudicaba a más de 36 mil habitantes que no podían acceder a estos servicios básicos.
NEGLIGENCIAS
Se ha determinado que uno de los factores que retrasó la ejecución de la obra fue el haber convocado el proceso de selección para contratar a las empresas que ejecutarían y supervisarían la obra sin contar con la total disponibilidad del terreno, toda vez que quedó pendiente la entrega del terreno donde se emplazaría las estructuras de la planta de tratamiento de aguas servidas; lo que ocasionó que se reformulara el expediente técnico por el hecho de reubicar la citada planta y que el contratista solicite ampliación de plazo por 75 días calendario, invocando falta de libre disponibilidad de terreno, lo que significó un retraso en la entrega de obra.
Durante la suscripción del contrato, los funcionarios del gobierno regional no exigieron a la empresa que ejecutó la obra la presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto de urgencia, lo cual constituía un requisito indispensable para continuar con el proceso.
Además, se otorgaron irregularmente adelantos para materiales por cantidades y montos mayores a los establecidos sin que esto implique una ejecución de la obra en menor plazo, con menor costo o mejor calidad. Esto favoreció únicamente a la contratista que obtuvo mayor liquidez de dinero y se ahorró unos 129 mil soles en costos de financiamiento.
La contratista no presentó el calendario de avance de obra valorizado y otros documentos actualizados a la fecha de inicio de obra, lo que ocasionó que la supervisión y el gobierno regional tengan un limitado control técnico de la ejecución de obra. En este caso, la entidad pudo sancionar económicamente a la empresa pero no lo hizo.
Durante el primer año de ejecución de la obra, el contratista incurrió en demoras injustificadas, las cuales fueron comunicadas en su oportunidad a los funcionarios responsables. Sin embargo, la entidad no aplicó la máxima penalidad económica, no realizó la intervención económica o resolvió el contrato en su oportunidad.
Tampoco demandaron al contratista porque la obra no fuera ejecutada por el equipo de profesionales señalado en su propuesta técnica, debido a que parte del cual fue sustituido sin demostrar que contaban con iguales o mejores calificaciones técnicas, por lo que no está garantizada su idoneidad técnica. Iniciada la obra, las partes intentaron “regularizar” esta situación firmando un acta de acuerdo, sin considerar que el contrato no permite realizar estos cambios salvo en casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados.
Debido a estas presuntas irregularidades el órgano de control ha recomendado abrir proceso administrativo a 19 funcionarios del gobierno regional de Amazonas, de los cuales 6 continúan laborando en la entidad.
EL DATO
La Contraloría General ha denunciado penalmente a cuatro ex funcionarios por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido a que irregularmente tramitaron, dieron su conformidad y dispusieron el pago de adelantos para materiales y además, en una valorización dieron su conformidad y tramitaron el pago de más de 227 mil soles por trabajos que la empresa no ejecutó.
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