El día de hoy, la Contraloría General inicia el operativo de control “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” que verificará el cumplimiento de requisitos en cerca de 6000 directivos públicos que ocupan cargos de confianza en cerca de 500 entidades públicas de gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales del país.
Este operativo se realiza con la finalidad supervisar que el acceso y ejercicio de la función pública de directivos se realice cautelando la idoneidad para garantizar el cumplimiento de los fines que la entidad y el país buscan alcanzar, en beneficio de la ciudadanía.
Como se conoce, en el Estado peruano se encuentra vigente la Ley N° 31419 “Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funciones y directivos de libre designación y remoción” y su reglamento, bajo dicho contexto normativo se designan a los directivos públicos, que resultan ser servidores civiles que desarrollan funciones relativas a la planeación, dirección, organización y evaluación de una entidad, órgano o forma de organización; en colaboración directa o indirecta a las funciones ejercidas por un funcionario público, que son representantes políticos (como gobernadores regionales y alcaldes), así como gerentes generales y gerentes municipales, no comprendidos en este operativo de control.
En el operativo las comisiones de control en las entidades públicas a nivel nacional, verificarán el cumplimiento de los requisitos, impedimentos y porcentajes establecidos por la citada norma, su reglamento, los documentos de gestión de la entidad y otras disposiciones relacionadas.
Para el caso de los gobiernos regionales, se examinará la información de directivos públicos de segundo y tercer nivel organizacional, como gerentes de órganos de línea y órganos de administración interna y subgerentes de unidades orgánicas, y en el caso de los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales), se están considerando los directivos públicos de segundo nivel organizacional, es decir, gerentes de órganos de línea y órganos de administración interna.
A nivel de la Contraloría General, se desplegará la participación de 1400 auditores aproximadamente, que conformarán comisiones para acreditarse ante los gobiernos regionales, así como municipalidades provinciales y distritales.
Como resultado de este operativo, los titulares de las entidades públicas incluidas en el presente operativo, así como la Presidencia del Consejo de Ministros y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) recibirán informes de Visita de Control señalando las situaciones adversas y las recomendaciones identificadas.
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