Como parte de la nueva estrategia de control con enfoque territorial, la Contraloría General dio inicio al Megaoperativo de Control en la región Amazonas. Para este despliegue se programó la intervención de 113 entidades públicas de los gobiernos nacional, regional y local en las siete provincias de la región.
En dichas instituciones se supervisará la ejecución y manejo de cerca de S/ 1348 millones de recursos públicos, de los cuales el 85.3% está destinado a inversiones, el 14.2% a bienes y servicios, y 0.5% a recursos humanos y otros.
Este Megaoperativo de Control tiene programado realizar cerca de 275 intervenciones de control, que comprenderían 199 serán servicios de control, entre las modalidades del control simultáneo y posterior; 43, serán acciones de integridad con participación de la ciudadanía y 33 servicios relacionados para la evaluación de denuncias y recopilación de información.
Como parte de la jornada de inicio se realizó una visita de supervisión al tramo de carretera entre los distritos de Chachapoyas y Levanto a cargo del Gobierno Regional y en el que se invierte más de S/ 223.1 millones.
Principales casos a investigar
Entre las principales intervenciones programadas para el Megaoperativo de Control en Amazonas, están el mejoramiento de la carretera Puente Chacanto, una obra de Provias Nacional que busca mejorar la interconexión vial en la región de Amazonas, a fin de reducir los costos de transporte y tiempo de viaje entre las provincias de Chachapoyas, Luya y Rodríguez de Mendoza y beneficiará a una población de 2.8 millones de personas.
De igual forma, se intervendrá en la contratación para el mejoramiento del acceso a los servicios de salud del Hospital María Auxiliadora en la provincia Rodríguez de Mendoza, en la que el Gobierno Regional de Amazonas invirtió más de S/ 80 millones. Asimismo, se realizará una auditoría a las planillas de pago de remuneraciones al personal que se encuentre activo de la Dirección Regional de Educación en Amazonas, entre otras intervenciones a obras viales, de saneamiento, infraestructura educativa, entre otros, a cargo de entidades de los tres niveles de gobierno.
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