El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció el 30 de marzo en conferencia de prensa que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca modificar la Ley de Radio y Televisión para obligar a los medios de comunicación a transmitir el Cuarto de Guerra durante los estados de emergencia.
Según Arana, esta medida pretende crear una «franja informativa» que difunda las acciones del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. «Un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión, y que crea la franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo», sostuvo el ministro.
Diversos sectores han manifestado su preocupación por el impacto de esta iniciativa en la libertad de prensa. La periodista Mónica Delta, en el programa «Punto Final», cuestionó la imposición de contenidos y recordó que la presidenta Boluarte y varios ministros han evitado responder preguntas de la prensa en diversas ocasiones. «Aquí lo importante es dar la información adecuada de manera plural, sin afectar la libertad de prensa, que sostiene la democracia en cualquier país», afirmó.
El abogado Roberto Pereira, experto en libertad de prensa y expresión, también criticó la propuesta y advirtió que podría convertirse en una franja de propaganda gubernamental. «No existe justificación para imponer contenidos a los medios de comunicación a través de esta franja anunciada por el ministro de Justicia», declaró. Pereira recordó que el Gobierno ya cuenta con medios estatales, como TV Perú, para difundir información oficial sin necesidad de intervenir en la programación de medios privados.
Ante este anuncio, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión emitió un comunicado en el que advierte que esta iniciativa marca «una peligrosa ruta que solo transitan los gobiernos autoritarios». La organización expresó su rechazo a cualquier intento de control estatal sobre el contenido de los medios y reafirmó la importancia de la independencia editorial para garantizar una prensa libre y plural.
La propuesta del Ejecutivo genera un debate sobre los límites entre la seguridad pública y el respeto a la libertad de expresión, un derecho fundamental en cualquier democracia.
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